La representación indígena, la deuda de Fernando Pérez en Tulancingo

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Opinión Por Arturo Copca Becerra

La categoría “pueblo indígena” es una adjetivo que ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de los procesos históricos de México, sin embargo  un acercamiento muy aceptado en el ámbito jurídico es el de la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169: son considerados (indígenas) por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Entre los años 1995 y 1996 en la comunidad de San Andrés Sakamch se desarrollaron los acuerdos de San Andrés, pactos que fueron plasmados en el artículo segundo constitucional en el 2002, a partir de  ese momento las comunidades originarias tuvieron un marco legal nacional para librar  batallas jurídicas en una sociedad profundamente clasista, racista y sexista.

En el estado de Hidalgo en 2010 se creó la Ley de Lengua y cultura indígena como ley reglamentaria al artículo quinto de la constitución del estado de Hidalgo. El artículo segundo constitucional en la fracción séptima se reconoce la necesidad de un representante indígena ante el ayuntamiento para vigilar las decisiones del cabildo que impacten directamente en sus comunidades.

El municipio de Tulancingo de Bravo Hgo.  según el catálogo de comunidades indígenas del congreso local de 2010 cuenta con 12 poblaciones, las cuales son: Ampliación Laguna del cerrito, colonia Guadalupe, Huitititla, Laguna del cerrito, Ojo de agua, San Nicolás cebolletas, San Rafael el Jagüey, San Rafael Loma Bonita, San Vidal, Santa Ana Hueytlalpan, Sta. María Asunción y Tepalzingo.

 La comunidad de Santa Ana Hueytlalpan cuenta con el primer representante indígena ente el ayuntamiento Luis Palma Santos, representación obtenida a base de judicializar los procesos contra el ayuntamiento y el congreso local.

El 20 de enero se realizan dos solicitudes más para integrar representantes indígenas en el ayuntamiento, una por parte de Eric Téllez Hernández habitante de la colonia Guadalupe y otra por parte de José Melitón Téllez Barrera vecino de Tepalzingo, nuevamente el ayuntamiento niega dichas solicitudes. Se realizan dos juicios ciudadanos con número de expediente TEEH-JDC 016/2020 y TEEH –JDC 017/ 2020 respectivamente en los cuales el tribunal sentencia que los pueblos y comunidades indígenas, así como las comunidades equiparables a éstos, deben contar, oportunamente, con un representante indígena ante el Ayuntamiento, toda vez que ello implica el ejercicio de un derecho de primer orden para dichos pueblos y comunidades.

Nuevamente el 27 de febrero Fidel Barrios Gayoso de la comunidad de Santa María Asunción solicita que se haga efectivo el derecho de tener un representante indígena en el ayuntamiento d1e la comunidad, solicitud que hasta la fecha no ha sido respondida.

Sin embargo, el ayuntamiento de Tulancingo encabezado por Fernando Pérez Rodríguez con un doble discurso afirma que las comunidades indígenas tienen su apoyo, que gracias a su gestión se creó la dirección de asuntos indígenas, con un raquítico presupuesto y con resultados nulos, pero en la realidad entorpece y frena las inquietudes validas de las comunidades indígenas de tener un represéntate que defienda sus intereses,  y de esta manera conservar una relación vertical  de opresión del ayuntamiento, no de igual a igual,  más horizontal y equilibrada con las comunidades indígenas.

Arturo Copca Becerra
Activista y promotor de los derechos políticos electorales en materia indígena en Hidalgo

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