Tribunal ordena a Concejo Municipal de Tulancingo pagar a delegados

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Redacción

Tulancingo, Hgo.- El Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) ordenó al Concejo Municipal Interino de Tulancingo que encabeza Fernando Lemus Rodríguez, el pago a varios delegados y subdelegados.

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De esa manera resolvió el TEEH el recurso promovido por delegados y subdelegados del municipio de Tulancingo en contra de la omisión del concejo municipal interino de Tulancingo de otorgar una remuneración de un cargo como servidor público municipal.

Según la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH), el Concejo Municipal Interino de Tulancingo violentó el derecho político electoral de los delegados, el derecho a la remuneración de los promoventes.

El argumento del gobierno interino de Tulancingo para no pagar a los delegados es que el cargo que desempeñan lo ejercen de manera honoraria, lo que se encuentra regulado en el reglamento para la elección de autoridades auxiliares de Tulancingo.

Motivo por el cual, según el Concejo Municipal Interino de Tulancingo, los delegados no tienen derecho a recibir una remuneración derivada de su ejercicio, ya que no son considerados servidores públicos porque a su decir, ninguna ley les otorga tal calidad.

Sin embargo la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo estuvo fundamentada en que existe una incompatibilidad por la disposición constitucional establecida en el artículo 35 y 127, que en esencia dispone que los servidores públicos tienen derecho a una remuneración adecuada irrenunciable.

Se precisó que un servidor público es toda aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza para el estado y que gracias a la función que desempeñan los delegados juegan un rol preponderante como entes auxiliares para el cumplimiento de los fines constitucionales del municipio.

Los delegados tiene reconocidas actividades propias del sector público relacionadas con la conservación de los servicios públicos, vigilar y procurar la paz comunitaria, las cuales se traducen como funciones equiparables a las de un servidor público, es equiparable a un servidor público, y si bien la Constitución no contempla a los delegados y delegadas de manera expresa, sí contempla a los servidores públicos.

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